Resolución de los Diferentes Conflictos Societarios Mediante un Abogado en Derecho Societario en Colombia

El abogado en derecho societario puede enfrentarse a diferentes situaciones, es así, que dentro de una sociedad pueden surgir inconvenientes o discrepancias ya sean legales o administrativas. Según el conflicto o la aplicación del derecho preventivo, pueden surgir situaciones respecto al régimen societario como:

El abogado societario apoya el fundamento jurídico para poder realizar acuerdo de accionistas dentro de la compañía, como lo es los pactos de relación, pactos de atribución, pactos de organización, sindicatos de voto, sindicatos de bloqueo, sindicato de retención de títulos, sindicato de transmisión de títulos.

Estos diferentes acuerdos no están regulados en su totalidad por algún código en especial, la regulación está sujeta a legislación, doctrina y jurisprudencia, y sobre todo al régimen contractual, razón por la cual es igualmente importante acudir ante la especialidad del abogado contractual.

Dentro de esta dinámica del órgano societario, pueden presentarse controversias o incumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos de accionistas, por tal razón es necesario acudir a la acción de cumplimiento o también llamada ejecución especifica. Esta acción permite al accionista coaccionar al accionista incumplido para que cumpla sus obligaciones que suscribió en el acuerdo.

Dentro de los acuerdos del grupo societario, existe la posibilidad de llegar a acuerdos de restructuración y de acuerdo con los votos presentados, será viable la liquidación de la empresa o mediante acciones, pleitos o juicios se puede presentar la oposición en pro de la reactivación de la compañía.

Al realizar las diferentes votaciones dentro de la sociedad comercial, pueden surgir situaciones fraudulentas con el simple derecho de voto. Es así que con la Ley 1258 del 2008 art. 43, se configuro la acción sobre el abuso del derecho de voto, donde se busca demostrar que con el voto del accionista se buscó un daño, u obtener algún tipo de ventaja que menoscabe los derechos de los demás accionistas u órganos societarios.

Las pruebas en este tipo de proceso deben señalar y sustentar con claridad que se actuó con el ánimo de obtener una ventaja injustificada, y que, sin lugar a dudas, dicho voto que debió ser ejercido, este encaminado a generar efectos ilegales.

Como abogados en derecho societario, servimos en la demanda o defensa con capitalizaciones abusivas dentro de la empresa. Dichas capitalizaciones son fraudulentas, cuando al tomar la decisión de capitalizar, se causan perjuicios a la empresa o a ciertos accionistas, lo anterior, con el fin de obtener una ventaja que no se justifica, y que se realizó con consecuencias ilegítimas.

Dentro del órgano societario, ciertos accionistas mayoritarios al actuar ilegalmente con dichas capitalizaciones abusivas, buscan la dilución de los derechos en materia económica y política para dejar con menor poder de voto a los accionistas minoritarios. Con el acervo probatorio, es necesario identificar claramente, sí con la capitalización de la empresa se buscó diluir la participación de los accionistas minoritarios siendo una conducta ilegal.

Una de las responsabilidades de los administradores dentro del órgano societario o dentro de la sociedad empresarial, es la de dar el uso correcto de los recursos sociales entregados por los accionistas. Es recomendable que el uso de estos recursos sociales sea previamente definido por medio del voto en asamblea, debido que la administración puede realizar una extracción o uso indebido o abusivo de dichos recursos sociales.

Esta extracción abusiva o uso indebido de los recursos sociales, puede repercutir en la estabilidad financiera de la empresa, ocasionando que la persona encargada de administrar dichos recursos este sujeta a responder patrimonialmente por los malos manejos, o en dado caso, puede llegar a responder penalmente, de acuerdo al tipo penal o conducta realizada por la persona encargada.

En este sentido se pueden presentar discrepancias en el valor de las acciones dentro del órgano societario, por lo que es necesario iniciar una demanda para darle el valor correcto a las acciones compradas por cada socio. En este proceso es importante designar correctamente los peritos que evaluarán el valor de la acción con lo cual se puede determinar si existió algún tipo de ilegalidad en esta toma de decisiones.

Nuestra firma puede apoyarte ante la Superintendencia de Sociedades tramitando los requisitos para el acaecimiento de causales de disolución de una compañía, donde es importante describir y presentar el material probatorio necesario para que se configure la causal de disolución aludida.

Sin embargo, las facultades de la Superintendencia de Sociedades tienen un límite respecto a esta declaración de disolución, ya que, de presentarse algún tipo de discrepancia en cuanto a las causales, para que sea disuelta la sociedad, este trámite pasaría de un trámite administrativo a un proceso legal ante el juez de conocimiento quien lo deberá resolver.   

Las empresas tienen un objeto social definido al comenzar sus actividades comerciales, sin embargo, no todos los accionistas, empleadores o empleados buscan los mismos beneficios para la compañía. Es en ese momento cuando surge un conflicto de intereses buscando un beneficio personal o diferente al del grupo empresarial, es decir que su lealtad puede estar comprometida hacia intereses propios y no a los intereses que a los de la compañía.

Cuando surge un conflicto de intereses, las decisiones tomadas pueden afectar el trabajo y la empresa. Así mismo, la capacidad de decisión o lealtad pueden verse afectadas gravemente junto con las tareas encomendadas en el puesto de trabajo o en las actividades como accionista.

Ya sea como accionista o como empleado, el conflicto de intereses puede generar problemas de confianza, al hacer un mal manejo de la información privada y confidencial de la empresa. Al interior de la empresa es necesario encausar los intereses de todos los accionistas, o por lo menos, frenar los actos que propicien desconfianza que amenacen la estabilidad de la empresa. Para ello es necesario aplicar fórmulas, cláusulas o limitaciones en actas o estatutos con el fin de demarcar la finalidad de la empresa.

Es de gran utilidad acudir a nuestro abogado societario, en conflictos que se presentan a al tomar decisiones dentro de la sociedad, debido a que cada decisión puede afectar negativamente los intereses de la compañía, de allí que sea necesario realizar la respectiva impugnación ante el juez de conocimiento.

Es importante tener en cuenta que existe un plazo para poder impugnar dichas decisiones, el cual consta de 2 meses a partir de cuando se tomaron, o 2 meses a partir del momento de registro de las mismas, de no hacerse oportunamente, caduca la oportunidad para poder impugnarlas.

Una vez radicada la demanda, dentro del proceso se tiene la oportunidad de presentar escrito de medida cautelar para que cesen los efectos de la decisión demandada, en tanto llegue el momento de la sentencia por parte del juez. Sin embargo, cada tipo de sociedad cuenta con sus características propias que requieren un trato especial para llevar a cabo este tipo de demandas.

Existen varios tipos de decisiones sociales, por ello es importante diferenciarlas y determinar que defensa legal se quiere aplicar. A diferencia de la decisión de la “impugnación de las decisiones sociales de la compañía”, existe otro tipo de acción en el régimen comercial dentro de la sociedad. La acción es la llamada “reconocimiento de presupuestos de ineficacia” Ley 446 de 1998 art.133, donde se busca que ciertas decisiones o presupuestos se declaren ineficaces y pueden igualmente declararse nulas, para presentar esta acción se cuenta con un término de caducidad de 5 años.

Una de ellas, es la necesidad de buscar la defensa o fallo ante la Superintendencia de Sociedades donde se busque la desestimación de la persona jurídica en particular, caso que pueden surgir dentro de los actos de competencia desleal. Con ello se busca principalmente dos aplicaciones: La primera es la inoponibilidad de la persona jurídica societaria al infringir la ley, donde con la creación de la sociedad se busca efectuar un fraude, evadiendo las restricciones legales. Con ello se desconoce la personería jurídica de la empresa y separación del patrimonio para extender las limitaciones de la empresa.

La segunda, es extender la responsabilidad de la sociedad a sus accionistas al cometerse un abuso o fraude por medio de la sociedad empresarial. Una vez identificado el hecho ilegal por parte del ente societario, se desconoce la limitación de responsabilidad que tienen los socios o accionistas, permitiendo así acceder al patrimonio, los terceros afectados. El los dos casos anteriores, es necesario un acervo probatorio efectivo y cristalino para que no haya duda al momento de dictar sentencia, ya que, con la falta de pruebas, no se puede dictaminar la responsabilidad de la sociedad.